EL COVID-19. CÓDIGO ÉTICO. Edición No. 139



Barranquilla en cuarentena. 

INTRODUCIÓN
El pasado 6 de abril del 2020, en París, dos organismos de la UNESCO el Comité Internacional de Bioética (CIB) y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) expidieron un documento que titularon “DECLARACIÓN SOBRE ELCOVID-19: CONSIDERACIONES ÉTICAS DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL”.[i] Allí señalan una serie de recomendaciones de carácter ético para el manejo de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-COV-2; dirigida a gobernantes, instituciones de salud, grupos de investigación, medios de información, redes sociales y  población en general.

Como en toda guerra, la situación creada por este invisible ejercito viral, demanda comportamiento igual, al de un conflicto bélico, por aquellos directamente involucrados. Por parte del estamento sanitario con un enfoque denominado “Medicina de Desastres”, en que se rompe la rutina o normalidad asistencial por unas condiciones críticas, de emergencia que demanda, sobre todo desde el punto de vista ético, decisiones en donde reina, en muchos casos, la incertidumbre.  Desde esta perspectiva el documento de la UNESCO da luces sobre la mejor manera de enfrentar a este letal y poderoso enemigo, en su feroz ataque contra la humanidad.

Llamo la atención sobre la importancia que dan los expertos de la UNESCO a la protección de las personas vulnerables, en cuanto: “reafirman el reconocimiento de responsabilidades   colectivas   en la   protección   de   personas vulnerables y la necesidad de evitar toda forma de estigmatización y discriminación, tanto verbal como física; en el principio de respeto a la vulnerabilidad humana e   integridad personal”. Propuesta, que, a mi modo de ver, condena la tendencia infame, que desde principios de la pandemia, en algunos sectores, invitaban a sacrificar la vida de los ancianos basados en la inhumana aplicación del concepto de “Triage”.

La propuesta ética del CIB y el COMEST aborda, sin duda, puntos de vista sobre situaciones conflictivas, que ya son evidentes, con relación a:

a.   Decisiones y estrategias políticas en lo nacional, regional e internacional.

b.   Fortalezas, debilidades, obstáculos y   desigualdades de los sistemas sanitarios.


c.    Asignación de recursos. Selección de pacientes ante la   escasez de estos.

d.   Diálogo interdisciplinario entre agentes científicos, éticos y políticos.


e.   Papel de comités de bioética y ética, en lo nacional, regional e internacional.

f.     Principio de no discriminación y no estigmatización. Protección   de   personas vulnerables.


g.   Principio de responsabilidad individual con la salud: individual   y    colectiva.

h.   Desinformación. Redes sociales.


i.      Transparencia de la investigación en procura de una vacuna para el COVID-19.

j.      Propuesta de inmunidad colectiva


Trataré de organizar y presentar los 10 puntos del contenido de esta declaración de la forma más esquemática y didáctica posible, así.

1.   Reflexión bioética.  
Según la declaración las proporciones pandémicas de esta infección precisan de una reflexión y respuesta bioética global. Dejando a un lado las diferencias y reflexionar de forma colectiva sobre soluciones éticamente aceptables arraigada en los derechos humanos. 
El CIB y la COMEST, reconocen la urgencia de trascender fronteras políticas, geográficas, y diferencias culturales, para centrarnos en una responsabilidad compartida que lleve a un dialogo para encontrar medidas.
Los comités de bioética y ética, en lo nacional, regional e internacional, contribuyen a este diálogo basados en la convicción de que las decisiones políticas deben tener un fundamento científico inspirado en la ética y guiado por ella.

2.   Política sanitaria.
En el plano nacional como en el internacional, políticas sanitarias y sociales deben basarse en evidencia científica sólida, sin desestimar la incertidumbre que provoca una pandemia. Deben guiarse por consideraciones éticas globales.
El esfuerzo internacional, en lo posible, debe adoptar criterios uniformes de acuerdo con datos recogidos sobre propagación de  la  pandemia y su repercusión. 
Una estrategia política institucionalizada debe dar   prioridad a la salud y   seguridad de las personas y de la sociedad.  Garantizar su eficacia mediante la promulgación de un diálogo interdisciplinario entre agentes científicos, éticos y políticos.
 Decisiones políticas deben basarse en evidencia científica sólida, nunca legitimadas únicamente por la ciencia.  Un diálogo abierto entre la política, la ciencia, la ética y el derecho es necesario.
La política sanitaria puede inspirarse en análisis retrospectivos de datos epidemiológicos que atentan contra la seguridad de la población en general en un entorno incierto y constante evolución.
 Por ejemplo, la noción de inmunidad colectiva debe ser objeto  de  un  examen ético  muy prudente; teniendo  en cuenta su repercusión  en  la  cifra  de casos potencialmente  letales  y  en  condiciones insostenibles desde el punto de vista médico debido a la falta de disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, incluso en países desarrollados. Esto podría tener consecuencias negativas para la salud y seguridad de las personas y sociedades.
Políticas que no se basan en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido no son éticas; van en contra del esfuerzo por generar una respuesta común a la pandemia.
 Las pandemias ponen   de manifiesto   fortalezas  y debilidades de los sistemas sanitarios;   obstáculos y   desigualdades  en el  acceso a  la  atención  sanitaria universal.  La forma como se asignan recursos en el ámbito de la sanidad y el acceso inadecuado a la atención sanitaria son el centro de numerosos   problemas. 
 Los   Gobiernos   deben   otorgar    importancia primordial    a la asignación de recursos y   reforzar  los sistemas   de   sanidad   públicos.  Esto   puede   requerir coordinación    internacional.  

3.   Principio de no discriminación y no estigmatización.
Decisiones    políticas    a    escala    de macro asignación tienen consecuencias inevitables en la micro asignación de recursos a nivel de los lugares de atención a pacientes (por  ejemplo, la  clasificación  de  pacientes).  .   La   macro   y micro asignación de recursos sanitarios se justifica éticamente cuando se basa en los principios de justicia, beneficencia y equidad.
 En el contexto de la pandemia la demanda de acceso al   tratamiento   aumenta   de   manera   exponencial   y   rápida. En el caso de la selección de  pacientes  por  escasez  de  recursos,  debe  primar  la necesidad  clínica  y  la  efectividad  del  tratamiento.  Los procedimientos deben ser transparentes y respetuosos con la dignidad humana.
Los principios éticos consagrados en el marco de los derechos humanos reconocen la protección de la salud como un derecho de cada ser humano.  El artículo 14 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos  Humanos de  2005  de  la UNESCO afirma que «el grado máximo de salud que se pueda lograr» es un derecho  fundamental  de  todo  ser  humano,  lo  que  significa,   en  el  presente contexto,   acceso  a  la  atención  sanitaria  de  máximo  nivel  que  pueda proporcionarse.
Las   personas   vulnerables quedan   en     situación   de   aún   mayor vulnerabilidad durante una pandemia. Es de especial relevancia la vulnerabilidad     relacionada     con: pobreza, discriminación, género, enfermedades, pérdida de autonomía o  de  funcionalidad, edad  avanzada, discapacidad, origen étnico, encarcelamiento (presos), migración indocumentada,  condición de refugiado y de apátrida
 Debe prestarse especial atención a la violencia intrafamiliar y personas que viven en situación económica precaria, particularmente en los países en desarrollo.  Plantearse estrategias de apoyo    destinadas a prevenir el empeoramiento de sus condiciones.  Adoptar   medidas para hacer frente al estrés psicológico provocado por la ansiedad  pandémica  y   efectos del confinamiento.

4.   Principio de Responsabilidad individual con la salud.  
El alto riesgo para personas que sufren la pandemia pone de relieve el hecho de que el derecho a la salud solo puede garantizarse mediante nuestro propio deber para con la salud, lo que el CIB llama “Principio de responsabilidad individual en relación con la salud”,   individual y colectivamente.   Es   prioritaria la necesidad de que reconozcamos conceptualmente nuestras responsabilidades    y    las    plasmemos    en    actos. Los gobiernos tienen la responsabilidad, además, de garantizar la seguridad y protección de la salud la de concientizar al público y a otros agentes sobre los métodos necesarios para este fin.
Responsabilidad de la población implica   cumplir las normas que protegen a todos no solo  como  individuos sino  también,  y  sobre  todo,  como  sociedad.
 Responsabilidad obvia de los trabajadores sanitarios de tratar y cuidar a los pacientes.
La responsabilidad de cada uno conlleva hacer frente a restricciones de la libertad (distanciamiento físico), que no significa «aislamiento social» de la persona ni distanciamiento respecto a las relaciones sociales,  sino  el  deber  de  mantener  una distancia  física  adecuada  en   actividades  sociales  con  el  fin  de  evitar   propagación de la enfermedad.

5.   Investigación.
Existe una explosión de investigaciones y ensayos  clínicos en procura de una  vacuna para elCOVID-19; la mayoría a escala local. Sin embargo, existe la necesidad de coordinar esfuerzos internacionales y formular un concepto común de los procesos de revisión ética. 
Para el COVID-19, la Organización Mundial de  la  Salud  (OMS)  y  sus asociados   han   anunciado   la   organización   de   un   estudio denominado «SOLIDARIDAD»  para  comparar   tratamientos,   no  ensayados,  en  varios países. La realización de  múltiples  ensayos  pequeños,  de  posibles enfoques terapéuticos del coronavirus,  con diferentes metodologías podría no aportar las pruebas necesarias. Tal vez se haga necesario acelerar el examen y aprobación de nuevos enfoques para no retrasar la investigación durante esta emergencia de salud pública.
Debe crearse, urgente, un comité de supervisión para la investigación responsable a escala mundial. Este comité ha de reunir los resultados obtenidos a escala local y coordinar o compartir los procedimientos de examen; durante la pandemia, es posible que estos sean excepcionales y no cumplan las normas ordinarias. En este sentido, es fundamental brindar orientación a los comités de examen ético locales.
Es comprensible que las nuevas prácticas se adapten al contexto de la emergencia, teniendo en cuenta las características de la amenaza mundial. 
Estas decisiones requieren    justificación ética, no deben transgredirse   los   principios   éticos, sino   que   han   de   ajustarse   a   las circunstancias excepcionales. Es importante que la investigación en estas circunstancias no se lleve a cabo con  ánimo  de  lucro. La transparencia, el intercambio de datos y el hecho de compartir los beneficios resultantes de   la   investigación   para   todos   los   seres   humanos   deben reconocerse como valores centrales.
La urgencia de hallar una cura no debe impedir que se apliquen prácticas de investigación responsables. Los investigadores deben cumplir los principios éticos de la investigación y, teniendo en cuenta la naturaleza de la epidemia, han de estar atentos al preocupante doble uso de la investigación. Todas las actividades de investigación están sujetas al escrutinio de los comités de ética competentes.  Comités independientes deben seguir funcionando sin interrupciones.

6.  Tecnologías digitales. Redes sociales.
La información publicada por políticos, científicos, autoridades y medios de comunicación debe ser oportuna, precisa, clara, completa y transparente.
Se   necesitan   diferentes   categorías   de   información   para   que     las personas, independiente, de su edad, circunstancias vitales o nivel educativo, puedan evaluar la situación.
 En las redes sociales, que dan cabida a desinformación y rumores, la información científica, deben cumplir una función clave  en  la  orientación  del  compromiso  social  que tienen  las  personas. Es mandatorio una información concreta, práctica y comprensible sobre las mejores formas de realizar las actividades de la vida cotidiana para que los ciudadanos protejan su propia salud y contribuyan a garantizar la salud pública.  El mensaje debe ser honesto, preciso, transparente y  comedido  para  no  sembrar  pánico  ni  restar importancia  a  lo grave  de  la  situación;  que permita a los ciudadanos tomar conciencia, de manera crítica, de los riesgos inminentes o futuros.
Tecnologías digitales como los teléfonos móviles, redes sociales y la inteligencia artificial pueden desempeñar una función clave en la lucha contra la pandemia al permitir  supervisar  la  propagación  de  la  enfermedad  y  el comportamiento   de   los   seres   humanos,   así   como   anticiparse   a   estos.

Barranquilla mayo 4 de 2020
Teobaldo Coronado Hurtado


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